En la Bienal de Venecia, las autoridades del patrimonio impidieron el montaje de una obra, porque a su juicio, la evaporación del agua contenida por la pieza del artista podía dañar los frescos de la paredes del palacio en que tenía lugar la exposición. En Santiago, en la Villa El Volcán II, las paredes de los departamentos están mojadas. La gente dice que es por la lluvia, pero los especialistas aseguran que no se trata de agua debido a filtraciones, sino a la condensación producida por el hacinamiento. En Altamira, las cuevas han sido cerradas al acceso del público porque el calor de los cuerpos de los miles de visitantes había comenzado a producir variaciones en el clima interior de ésta. En Sao Paulo, en la XXIV Bienal, la sección histórica estaba climatizada para acoger las obras que provenían de la zona museal estadounidense y europea. En su interior, hubo que construir una zona especial para acoger las obras coloniales del barroco portugués, que provenían de museos del norte del Brasil. Estos ejemplos bastan para introducir lo que deseo plantear; a saber, el conflicto de intereses entre los funcionarios estatales de alto y mediano rango y la ciudadanía.

En Santiago, hace algunos días, por televisión, los ciudadanos hemos tenido que volver a soportar una situación que se está siendo norma: el berrinche de alto funcionario que define cuál es el terreno del Verdadero Debate y que termina sacando argumentos de patio chico, por no decir de feriante de la política. Es lo que ocurre cuando los altos funcionarios confunden la ética con las comunicaciones. No se trata de instalar una Verdad, sino tan solo poner el acento en Lo Verosímil.

Fue el caso de la Ministro de Vivienda, cuando en cámara expuso con extrema indolencia los argumentos de blindaje de la acción histórica de su ministerio. Resulta conmovedor constatar hasta qué punto se exponen las lealtades debidas para con la memoria de los servicios.

La táctica argumental ya es conocida. Se espera que el periodista exponga la pregunta y luego, con un aire de decirle "usted es tontito que me hace esa pregunta; yo le voy a explicar". Y allí comienza la lección de la "inspectora de liceo". Es algo que está ocurriendo con demasiada frecuencia con altos funcionarios de ministerios y afines, ante cualquier situación que desordene la agenda. Es así como inician su intervención pronunciando las palabras "a ver". Es un tic de político nuevo. La sola enunciación inicial del "a ver" está destinada a definir al interlocutor como un pelotudo, que no ve lo que hay que ver; o sea, su conveniencia. Y luego dan inicio a una corta y contundente aclaración en la que el propósito es, por lo general, deslindar responsabilidades. Es el tic defensivo que desarrolla todo funcionario de cierto nivel. Es como si a través de estas intervenciones manifestaran su lealtad. Esto se llama "blindaje". No dejan fisuras. No pueden permitirlo. Solo cabe el modelo del "inspector general".

¿Y que hace un "inspector o una inspectora"? Aplicar la norma de la aplanadora argumental, basada en la autoridad que le otorga la puesta en orden de los decretos. Así, nuestras autoridades NO CONDUCEN, sino que ADMINISTRAN con criterio de "inspectores de liceo", situaciones complejas, a las que le otorgan el rango de faltas a la disciplina.

El discurso de "inspectora de liceo" de la Ministra de Vivienda estaba destinado a tipificar, en primer lugar, la falta de disciplina del periodista que le hacía la pregunta, y en segundo lugar, a denunciar la falta de disciplina de la ciudadanía. En definitiva, debía quedarnos claro que los pobladores estaban amplificando una situación para obtener mayores ventajas. Además, debíamos entender que de acuerdo a una serie de informaciones sobre decretos y estudios previos, el ministerio no tenía -al parecer- responsabilidad en estos asuntos. O sea, la "inspectora ministerial" nos enseñó que las situaciones relativas a demoliciones y remodelaciones de viviendas, cumplían con los estándares previstos en los procedimientos. ¿Qué habría ocurrido, entonces? ¡Ah!, ¡se está investigando! Cuando un ministro responde con el argumento de sumario interno, en el fondo, le falta el respeto a la ciudadanía.

¡Perdón! Los altos funcionarios no piensan en la ciudadanía, sino en demostrar su lealtad al aparato de gobierno, por sobre la racionalidad de los procesos complejos de construcción de ciudadanía. En definitiva, los altos funcionarios realizan su trabajo contra los ciudadanos. En definitiva, son operadores de demolición de las libertades públicas. La ministro de vivienda debió haber pedido excusas. Debió haber realizado un acto ético relativo a la condición crítica de los procedimientos y la producción de estándares.

De otro modo, ¿cómo poner la cara frente a los "efectos-copeva"? Este es todo un concepto que resulta funcional a la propia política de vivienda de un gobierno. El "efecto-copeva" no es un exceso, sino el síntoma limítrofe de una política.

Siguiendo el ejemplo de la bienal de Venecia, debiéramos, los ciudadanos, pedir al ministerio clausurar todas las viviendas que presenten efectos de condensación, porque lo que dichas gotas de humedad en las paredes y la huella de los hongos en el baño ponen en evidencia, es el hacinamiento en que viven miles de chilenos. ¡Es el hacinamiento el que descompensa la forzada tranquilidad de los funcionarios! Ciertamente, bajo techo, pero probablemente en viviendas que solo son habitables por una década. A lo que se agrega el argumento abyecto de que después de cinco años, el ministerio no se hace responsable. ¿Responsable de qué? ¿De sostener una política que contempla la disolución del criterio regulador de los propios estándares? A esto se llama, simplemente, impunidad funcionaria. En vivienda. Es decir, en la noción que afecta la construcción de "lo hogareño" en nuestro país.