El año pasado, como en esta misma época, se realizó la primera Convención de Cultura. En esta página, previo al evento, escribí una serie de notas acerca de su valor ritual en la instalación administrativa del Consejo Nacional de Cultura. En efecto, más que un acontecimiento reflexivo, la convención sirvió para que las autoridades midieran el peso de los delegados regionales y pudieran gestionar el alcance de propuestas que navegaron en el más estricto sentido común. No era necesario organizar una convención para formular una política. De hecho, el acopio de información fue empleado como telón de fondo en el que se proyectó el inventario de intenciones que se ha dado en llamar Política de Cultura. Dicho inventario ya estaba en las ensoñaciones orgánicas de los funcionarios encargados de la tarea de instalar una estructura. De este modo, no hubo sorpresa alguna en el resultado de la escritura del documento. Se trata de una herramienta que ordena unas prioridades sin que se haya realizado ningún diagnóstico por regiones del "estado del arte".

Los consejeros miembros de los Consejos Regionales hemos recibido una invitación para participar en una segunda Convención para fines de este mes. En el mismo momento, los Consejos han cerrado la redacción de los Planes de Cultura Regionales proyectados para el período 2005-2010. Ningún estudio de campo sobre diagnóstico regional ha sido realizado para justificar las priorizaciones formuladas. Sin embargo, se convoca a una segunda convención destinada, obviamente, a comentar un documento que dice no solo, mucho menos de lo que se discutió en la primera convención, sino que encubre el hecho de los consejos regionales carecen de poder efectivo y real para conducir la implementación de los planes de los que se han hecho responsables.

En la producción de desinformación efectiva de la ciudadanía, con que trabaja la autoridad nacional de cultura, los consejeros regionales son llamados a poner su rúbrica en réplicas locales de un plan nacional que, menos que un plan, resume un protocolo de intenciones, sin entregar herramientas efectivas para su implementación.

La primera herramienta es el conocimiento de las tramas locales de institucionalización de las prácticas. Los consejos regionales no disponen de financiamiento para organizar sus propias unidades de estudios locales y poder, de este modo, establecer un mapa de las demandas. La realidad cultural de las regiones no se "mide", en su complejidad, mediante estudios de "consumo cultural". La factibilidad de proyectos de desarrollo cultural no puede estar determinada por la "ideología de la audiencia", que ha resultado ser un concepto fatal a la hora de comprender la estratificación de públicos. La desidia funcionaria del Mineduc respecto de las "cuestiones culturales" no permite articular la más mínima plataforma de colaboración entre Cultura y Educación. Eso no es más que letra muerta en los documentos.

En el respeto a la especificidad regional, el sentido común político indicaría la necesidad de reemplazar una convención nacional generalista, en seminarios de trabajo que convoquen a nivel regional a los consejos regionales y a los consejos consultivos, con el objeto de discutir el documento oficial editado bajo el título "Chile quiere más cultura". Esta podría ser la única manera de establecer pautas de articulación efectiva entre lo deseado en dicho documento y lo deseable por las comunidades locales. La carencia de diagnóstico puede ser suplida, temporalmente, por las experiencias de campo de los propios representantes regionales. De este modo, los Seremi de cultura podrían convertirse en conductores de estrategias flexibles de producción de conocimiento.

En relación a lo anterior, no todas las regiones poseen capacidades institucionales para llevar a cabo este tipo de producción. Y no resulta del todo confiable las relaciones con los aparatos universitarios locales en este terreno, ya que estos han desmantelado las reducidas habilidades académicas de que disponían para recoger las demandas de conocimiento de las comunidades productivas locales. De ahí que sean los propios consejos regionales los que deban montar a la brevedad una estructura investigativa orientada a jerarquizar las demandas y montar dispositivos de acción. Lo cual acarrea la necesidad de montar, en cada región, unidades de desarrollo de proyectos justificadas por los resultados de las unidades de estudio.

Para terminar, planteo que las unidades de estudio y de desarrollo de proyectos son las únicas que, a nivel local pueden dar cuenta de la trama de demandas simbólicas y materiales que pueden convertir, un protocolo nacional de intenciones en Politica Cultural efectiva. Sin embargo, para sostener su montaje editorial, resulta imperativo que se fortalezcan a nivel regional la capacidad de cada consejo de cultura como un dispositivo de reconocimiento autónomo de las intensidades culturales locales.