Instancia Reparatoria Insuficiente

La obra de Angela Ramírez en la sede del CNCA de Valparaíso se compone de la reproducción de la fachada de los Tribunales de Justicia (Santiago) a escala 1:6 (aprox.), de un vídeo y de una cajita con pequeñas fachadas de tribunales. El volumen que cuelga del techo corresponde a un bajo- sobre relieve de fibra de vidrio traslúcido, del dibujo del plano de la fachada del edificio de los Tribunales, que se tuerce sobre sí mismo formando una cinta de Moebius. Ésta pieza ha sido dispuesta de modo que permanezca orientada hacia el frontis del Palacio de Justicia de Valparaíso.

La imagen que aparece en la invitación corresponde a un vídeo, en el que la mano de la artista toma la fotocopia de una foto intervenida del palacio de tribunales y forma la cinta de Moebius. Esta imagen fue escogida por Angela Ramírez para la invitación, pues uno de los argumentos del Ministro de Justicia para censurar la obra fue que no podía manipular la fachada del edificio, ya que éste es un símbolo muy importante para el Poder Judicial (sic).

La tercera pieza de esta exposición consiste en pequeñas maquetas del edificio de los tribunales, haciendo directa alusión al hecho que en un momento determinado, se le pide a Angela Ramírez la presentación de varias maquetas para poder elegir la que mejor los representara.

Sostengo que esta exposición opera como una INSTANCIA REPARATORIA INSUFICIENTE. Las reparaciones son siempre insuficientes. El Estado no responde sino bajo los parámetros de relación establecidos por sus funcionarios. Angela Ramírez se reunió con todos los agentes administrativos, para demostrar que ninguno de ellos, por esa vía, podían responder. El meollo de la cuestión es político. Ningún agente del Estado estuvo a la altura de su rango. Ninguno sostuvo una respuesta política. Excepto el Ministro Bates, cuya argumentación sobre el manejo de las interpretaciones adecuadas es el único monumento políticamente directo y eficaz, puesto que desconoce por la fuerza de su arbitrariedad la decisión soberana de un jurado informado. El Ministro bates, desinformado en arte contemporáneo nos dio una cátedra sobre algo que desconoce.

Lo paradójico es que el Estado encomienda a una comisión especial, a la que denomina Comisión Nemesio Antúnez, hacerse cargo del alhajamiento de los edificios públicos y semi-públicos con obras de arte. Para cumplir su misión esta comisión está mandatada para convocar a concursos, constituir jurados y coordinar la ejecutoria de las obras. Es decir: constituye un jurado soberano que tiene por misión decidir de acuerdo a su legítima competencia.

Si al Ministro de Justicia “no le gusta” la obra que el jurado ha escogido, no le cabe revocar nada. No es de su competencia. La ley le otorga soberanía a la comisión especial en el terreno de la apreciación de las obras. Esa es su competencia. No tiene que ver con el gusto de un Ministro. En este caso, el propio Ministro de Justicia (Bates) incurre en un acto arbitrario. Y el Ministro de Obras Públicas (Esteves) le quita el piso a la comisión que está alojada en su repartición, en un acto de obsecuencia que reproduce el argumento del Ministro de Justicia. Consultado el presidente del CNCA (Weinstein), decide no entrar a tallar en ese acuerdo manifiesto de “perros grandes”.

Cuando esto ocurre, la propia Directora de Arquitectura del MOP, al verse desautorizada por el Ministro Esteves, presenta una renuncia que no es aceptada. Estamos al final del gobierno del presidente Lagos y ninguno de los miembros de la comisión está dispuesto a entregar a la Piñera ningún argumento que pudiera dañar la candidatura de Michelle Bachelet.

El asunto llega a tal, en lo que lealtad política de los miembros de la comisión se refiere, que en el mismo momento que la candidata Bachelet se dirige a los artistas, está teniendo lugar esta agresión del Ministro Bates a la legalidad de la Comisión. La lealtad política se convierte en un hoyo negro. El Ministro Esteves no acepta la renuncia de la directora, pero eso, a esas alturas, no significa nada. Le quita el piso a la comisión. Sus miembros llegan a pensar, al menos algunos de ellos, en renunciar a ella. En votar por su disolución. Pero da exactamente lo mismo. Desde el interior del MOP, la comisión siempre ha sobrevivido bajo amenaza. ¿En que consiste esa amenaza? No le correspondería al MOP sostener una iniciativa de esta naturaleza. La Comisión Antúnez ha existido gracias a la voluntad de sostenimiento político de `programas referidos a reparaciones simbólicas menores, del tipo que cabe en espacios escolares de sectores vulnerables y memoriales de diverso tipo. O sea, retoque menor de baja intensidad. Pero cuando se metió con Justicia, la cosa tenía que cambiar. Allí, la Comisión Antúnez selló su destino. Se la tomó demasiado en serio, cuando debió someterse al bajo perfil decorativo que permitía considerar a los artistas como pequeños contratistas.

Peor aún: en una comisión de cinco o seis miembros, solo dos provienen de la sociedad civil. El resto de sus miembros son funcionarios de alguna repartición. Donde manda capitán, no manda marinero. El entonces Ministro de Educación (Bitar) “no estaba ni ahí”. Y los otros representantes de Vivienda, de Dibam, del Mop, tenían las manos atadas. Pero no estaba en ellos defenderse, sino en la ley. Y la ley no está mal redactada. Es muy clara. La comisión tiene facultad para definir jurados. Y estos jurados son soberanos. El Ministro Bates no respetó una decisión soberana de un jurado establecido para resolver un asunto que no depende de su “gusto social”.

En el caso de malestar por la decisión, el Ministro Bates podría haber iniciado un debate sobre los derechos de los mandatarios de una obra. Las comunidades de usuarios tienen derechos. Hubiese sido una debate útil, productivo, sobre el estatuto del arte público. No fue así. La artista quedó sola.

Golpeó, al cabo de un corto tiempo, todas las puertas de la administración. El tema se encausó por otra vía. De si cabía o no indemnizar. Luego, sobre el monto, no de una indemnización en forma, sino del costo del proyecto. No se especifica, desde la administración, si es un “proyecto de arte”. Porque la perversidad de la situación conduce a tratar estos casos con criterios del mercado de los proyectos de arquitectura.

Estamos, pues, en una situación en la que jamás debimos estar, solo porque los responsables ministeriales no admiten su responsabilidad política. Incluso, al aceptar sin más el pisoteo de la soberanía del jurado, se colocan en la posición de quienes pueden ser encausados por no defender los intereses de los ciudadanos, puesto que colaboran con su atropello.

Es un atropello, finalmente, orientar este asunto hacia un diferendo administrativo que proviene de una hipótesis acerca de una insuficiente redacción de las bases del concurso. Eso es cortar por el hilo más delgado. Regresemos al punto inicial y recuperemos el carácter político represivo del gesto del Ministro Bates.

Frente a la ausencia de la respuesta política, la artista consideró necesario judicializar el tema. Con ello, a mi juicio, favorece una hipótesis que le permite a la administración, lavarse las manos, porque deja todo en manos de la Justicia. O sea. Lo que queda es que Angela Ramírez vaya hasta el final del asunto; es decir, a encauzar al propio Ministro Bates por falta grave o por incumplimiento de funciones, o alguna de esas figuras jurídicas en las que se empantana el debate público. Debiera encauzar, al mismo tiempo, a las autoridades de la Dirección de Arquitectura, por no asistencia a artista agredido. Finalmente, debiera poner en duda la representabilidad de las organizaciones gremiales de artistas por su obsecuencia frente al tema.

Los miembros de la Comisión Antúnez no cumplimos con nuestra función y dejamos sola a Angela Ramírez, depositando nuestra confianza en soluciones administrativas, cuando en el momento de los hechos, debimos haber denunciado esta grave situación.

Ya es demasiado tarde.