La Determinación en Última Instancia.

La Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural ha editado su memoria y ha dejado de existir como tal. Duró desde el 2000 al 2003. Durante dicho período se intervinieron 20 edificios con una inversión total de 3 mil 563 millones 781 mil pesos.

Entre ellos se debe destacar la financiación de trabajos en 6 bibliotecas, 5 teatros, 6 museos y 6 centros culturales a lo largo de todo el país. Además, para poder intervenir, la comisión tuvo que elaborar un diagnóstico de la situación real de la infraestructura cultural del país. Allí se tomó conciencia de que había una mayor infraestructura de la esperada, aunque con graves problemas de gestión, lo que obligó a desarrollar iniciativas de capacitación administrativa básicas. Todo esto concluyó en la formación de una red de espacios culturales que hoy comparten experiencias, intercambian espectáculos y complementan conocimientos.

La comisión concluyó su misión en proporción directa con la instalación del Consejo Nacional de la Cultura. Recorriendo la Memoria de la Comisión de Infraestructura es posible pensar la hipótesis de que su acción serviría de soporte al montaje del Consejo de Cultura. En verdad, todo parece indicar que dicha Comisión adelantó al Consejo, en el sentido de convertirse en consejo de cultura “avant-la-lettre”. Pero la realidad de la constitución del Consejo ha puesto de relieve un chiste conceptual, acerca de la “determinación en última instancia” de la economía de las intervenciones institucionales.


En ocasiones anteriores he criticado severamente la instauración del “modelo Mapocho” de gestión e intervención cultural, sindicándolo como una de las plataformas de espectacularización y canalización de la acción cultural. Fue lo he denominado “mapochización de la cultura”. Pero respecto de la Comisión de Infraestructura, cuyo secretario ejecutivo fue … ¡Arturo Navarro!… el sostenedor del “modelo Mapocho”, es preciso hacer justicia al propio Navarro y pensar que hay un “Navarro mapochino” y un “Navarro de infraestructura”, y que el segundo supera al primero en iniciativa y en rigor. Propongo combatir al primero, pero no puedo sino saludar la acción ejecutiva del segundo. No solo la Comisión anticipó la inserción real del Consejo, sino que fijó las expectativas que podemos tener de él. Pero nos equivocamos. Seguimos pensando en términos del rigor prospectivo de la Comisión, y tenemos al frente el accionalismo de un Consejo que es pura “superestructura”. A tal punto, que los primeros esfuerzos y recursos han sido vertidos en su propia instalación como ente. Eso es inevitable. Pero señala una fatalidad. Al trabajar puramente en la “superestructura”, dejó de operar en la genealogía de las instancias que determinan, efectivamente, la vida social y cultural del país.


Podemos estar en desacuerdo con políticas específicas de tal o cual centro cultural. Ese no es un problema. La Comisión permitió el establecimiento de un mapa de productividad edificatoria. Es decir, que las identidades locales se afirmaron en los procesos de intervención restauradora. He ahí la importancia de las edificaciones como emblemas sociales y culturales. Por eso, al término de su gestión, en la medida que la “superestructura” del Consejo opera en la ilusión representativa, lo que nos queda es la Memoria de la Infraestructura, que ya estaba, pero que debía ser intervenida para ser potenciada. Quizás esa fue, sin haberlo pensado, la mayor victoria. Esa ha sido, quizás, la única política cultural real que ha sido puesta en marcha.


Ocurre, con la Infraestructura, que el avance en gestión, en administración, en algún momento tendrá que enfrentarse con la realidad de las programaciones. Solo hay gestión, no de un edificio, sino de una programación. El destino de las instituciones culturales se juega en la fortaleza de sus programaciones. Esta es una cuestión que el Consejo deberá entender. Ahora es cuando hay que tener más cuidado todavía. Pero lamentablemente la pirotecnia social ha recuperado las señales más contradictoriamente complejas de la “mapochización” cultural. Con esto quiero decir que el “mapochismo” inicial de Navarro se (le) ha desplazado para incorporarse al activo del nuevo Consejo, mientras la memoria de su gestión como secretario ejecutivo de la Comisión de Infraestructura se revaloriza.


En el contexto anterior, Navarro tuvo la ingenuidad política de pensar que eso bastaba para ser nombrado a la cabeza del Consejo. Pero tendrá que saber que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia.


 


Junio 2004.

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