La noción de Promoción Popular fue forjada en la década de los 60´s, a partir de la consideración por la cual, grandes sectores de la población veían impedido su acceso al goce de bienes culturales.
La “promoción popular” no apuntaba tanto a cimentar el acceso a mejores condiciones laborales, sino a producir un nuevo tipo de relaciones sociales, no centradas en la dependencia identitaria de la producción de mercancías, sino de la vivencia como sujeto territorial (poblador). Las condiciones laborales seguían siendo deficitarias, sin embargo, la compensación operaba en el terreno de acceso a unos “bienes culturales” de los que hasta entonces había estado marginado. Esta sería la manera de tipificar -por parte de la ingeniería política denominada “desarrollismo”-, la estrategia de conquista de la ciudadanía civil mediante la resolución de un cierto número de inadecuaciones relativas a la vivienda y al manejo de tramas urbanas sometidas a riesgo, ya sea por precariedad laboral o por pertenecer a sectores sociales de reciente migración urbana. Por cierto, la reciente migración solo permitía el acceso a un mundo laboral precarizado. Porque en términos estrictos, la promoción implica que un cierto número de condiciones de existencia social mínimas no han sido resueltas y que, en esa medida, un determinado contingente social ha iniciado un proceso de movilidad ascendente, cuyas dimensiones han sido razonablemente delimitado por los poderes que garantizan la efectualidad del arribo.
En el Chile de mediados de los años 60´s, lo que se patentiza viene a ser el reconocimiento de que las compensaciones reguladas deben constituir una alternativa a las “movilizaciones sociales descontroladas”, y, en todo caso, portadoras de objetivos declarados “irrealizables” dentro de un marco de dominio determinado, a riesgo de hacer estallar el sistema.
La noción de “bienes culturales”, en este contexto de ascenso razonablemente programado, designa el “plus” de afirmación de pertenencia, más no de propiedad. Todos los programas sociales de promoción deben satisfacer tazas de cumplimiento que regulan la pertenencia condicionada al territorio.
El “titulo de dominio” es una conquista que sella y sanciona una etapa del proceso. El “dominio” se hace cuerpo en una porción de territorio en la que han sido determinados dos elementos básicos de emplazamiento urbano: acometidas de luz y de agua, con sus medidores respectivos. De tal modo, se editó una normativa que reguló la delimitación y el acceso al sitio. Lo que vino después fue la “autoconstrucción” de la casa, o la postulación a subsidio, de bloques normalizados, como el famoso Bloque 1010 y 1020. Esta era una estrategia, desde el Estado, de cómo establecer una lógica de acceso al agua y a la electricidad, como “bienes culturales” básicos para los sectores en riesgo.
Lo que aquí se plantea es un deslizamiento de la noción de “necesidades básicas”. Por “cultura”, en este sentido, se entiende la adquisición de una “consciencia de la promoción”. De otro modo, los sujetos sociales no verificarían el alcance de lo que logran, pero sobre todo, de lo que “abandonan” como estado.
El empleo de la noción Promoción Popular, perteneciente a la “episteme” de los años 60´s, en la escena artística chilena del 2003, tiene que ver con la actual crisis de habitabilidad de las instituciones artísticas, cuya consistencia no logra sostener condiciones adecuadamente abiertas de reproducción.
Por decirlo de otro modo: el movimiento social “avanzó” hasta desarrollar instancias de resolución traumática de su consistencia (UP, dictadura, Transición), poniendo en pie nuevas condiciones de producción de la subjetividad social. Sin embargo, las instituciones artísticas se han mantenido, en su producción decisional de administración desfalleciente, desarrollando estrategias de producción institucional apegadas a la “ideología integracionista” de la Promoción Popular.
En este marco, las instituciones culturales han sido reorientadas hacia las “artes de la compensación blanda”, en la medida que las producciones reales de “integración” social fracasan ante la pragmática de exclusión como de discriminación razonable conducida por las empresas de normalización de los accesos a los “nuevos bienes”, definidos por la ingeniería política de la Transición.
Lo anterior no son más que notas, breves apuntes sobre una “fábula política interminable”. En la palabra Promoción está re-escrita, sobrepuesta, otra palabra: Frontera. La estrategia sesentezca consiste en incorporar a la “vida real” del país a poblaciones “marginalizadas”. Los programas sociales de promoción suponen la existencia de una travesía reglamentada a través de una zona fronteriza, en la que el “integrado” debe cumplir con ciertos objetivos habilitadores de paso. La utopía política “desarrollista” se asienta en un gran rito de habilitación colectiva.
En términos de lo ocurrido en estos últimos treinta años, los ritos de habilitación dejan de lado el territorio material. El territorio ha sido “tomado” por la lógica de la especulación inmobiliaria, instancia de planificación real de las ciudades y de la infraestructura pública. La noción de territorio ha sido transformada, al punto de que los sujetos que pensaban dominarlo se ven despojados de toda ingerencia en su desarrollo. Es así como la preocupación de los gestores urbanos se concentra en los sistemas de acceso (rentabilización de los flujos cotidianos de vinculación de zonas laborales y zonas residenciales) y de evacuación (manejo de las basuras domésticas e industriales). Estas son las nuevas “zonas fronterizas” de la Promoción Popular “expandida”.
octubre 2003